NOTICIAS/NACIONALES OTRO AÑO DE DECRETO DE LA PINYOLÀ COLOCA A LAS EXPLOTACIONES APÍCOLAS VALENCIANAS EN UNA DIFÍCIL SITUACIÓN La Generalitat Valenciana prorrogó un año más el famoso Decreto que prohíbe la colocación a menos de 5 km de colmenas en los cítricos, a pesar de las conversaciones mantenidas con los apicultores en los últimos meses y el compromiso que, según la Unió de Llauradors, había adquirido la consejera de Agricultura, Ramón-Llil, de elaborar un Decreto menos restrictivo con el desarrollo de la apicultura y empezar a trabajar en un plan a cinco años para solucionar el problema de la aparición de semillas. Este último asunto parecía ya encarrilado. Según la Unió de Llauradors quedó concluido el año pasado un primer borrador que satisfacía las aspiraciones de los apicultores (ordenación territorial, inventario de plantaciones, ayudas para el arranque de híbridos, prohibición de plantar nuevos híbridos, entre otras), sin embargo en enero de este año se presentó un nuevo texto que no recogía los primeros compromisos y que el secretario general de la Unió, Joan Brusca, calificó en su momento de “chapuza”. Desde entonces los ataques cruzados entre Brusca y la consejera de Agricultura han sido recogidos ampliamente en la prensa autonómica (para Ramón-Llil, el mantenimiento del mismo Decreto de los años anteriores es la medida “más adecuada” hasta que se concluya el censo citrícola). La promulgación de nuevo de esta norma llevó, como recordarán nuestros lectores, a una manifestación convocada por la Unió de Llauradors el pasado mes de marzo, cuyos resultados resultaron escasos: no fueron recibidos por la consejera como habían solicitado para encaminar de nuevo todo este asunto, pudiendo entregar sólo un escrito con sus peticiones al secretario general de la Consejería. Desde el citado sindicato se ha acusado además a la Consejería de mantener innecesariamente la fecha marcada para la finalización del Decreto (31 de mayo) cuando las condiciones agroclimáticas de este año adelantaron el período de floración de los cítricos; en este sentido Joan Brusca dirigió una petición a Eduardo Primo, director general de Innovación Agraria y Ganadería, para que realizara los trámites oportunos para que ese adelanto fuera posible, en la que se le pedía también una entrevista de cara a afrontar soluciones para la próxima campaña del 2003, actuando así con suficiente antelación ante la gravedad del tema. El secretario de la Unió, se ha dirigido también al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) con una carta en la que pide que se aumente en el Instituto “el esfuerzo investigador en este tema y que se realicen los estudios científicos específicos necesarios”. El sindicato considera totalmente insuficiente la información aportada hasta el momento por el IVIA y considera que no permite tener una visión completa del problema de la presencia de semillas en las mandarinas; por este motivo se piden líneas prioritarias de investigación cuyos objetivos sean determinar las causas reales del problema, la influencia de los efectos de la polinización en cada una de las variedades de cítricos, en otros cultivos y en la vegetación natural, empezando con los datos ya acumulados por las mesas de seguimiento en estos años de aplicación del Decreto. Más de 10.000 colmenas Los datos aportados por la mesa de seguimiento de la provincia de Valencia, muestran cómo ha crecido de forma espectacular el número de colmenas en asentamientos prohibidos, de 3.319 en el 2001 a 10.643 este año (589 de ellas no identificadas y el resto sí), según datos facilitados por la Unió de Llauradors; hay que considerar que los apicultores que el año pasado cumplieron con el Decreto todavía no habían cobrado esta primavera las compensaciones previstas por la retirada de las colmenas –28 euros– y además iban a recibir menos de lo previsto, dado que se iba a aplicar un prorrateo de 0,738. Las actas de inspección levantadas fueron de 169 (62 en el 2002) y finalmente se abrieron 116 expedientes frente a los 47 del año anterior. Resulta también llamativo el aumento de colmenas retiradas de asentamientos que incumplían la normativa fueron 3.048 colonias (39 de ellas no identificadas) frente a las 319 del año pasado; estos traslados los realiza la empresa Tracsa contratada por la Generalitat para este cometido y tiene lugar cuando el apicultor no retira las colmenas después de una semana de ser avisado por la inspección o en colmenares no identificados), La Unió denuncia que, como ya ocurrió el año pasado estas retiradas suponen un riesgo sanitario evidente, ya que se juntan colmenas de distintas procedencias, fortaleza, etc. en colmenares muy numerosos (de hasta 300), que en muchas ocasiones vuelven a sus asentamientos de origen o van a otras zonas, extendiendo en cualquier caso los focos infecciosos. Las pérdidas del sector el año pasado por el Decreto de la pinyolà se calculan, según fuentes sindicales en 18 millones de euros.
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